El Presidente Juan Manuel Santos presentó el decreto que da inicio a la formalización de tierras de predios que se encuentran en falsa tradición, lo que beneficiará a 2,5 millones de campesinos del país.

Se calcula que un 36% de los folios de matrícula inmobiliaria presentan antecedentes informalidad en la propiedad, problema que se superará con la expedición del decreto para corregir la titularidad, con lo que campesinos y propietarios podrán acceder a programas de formalización del Gobierno Nacional es más de un millón de predios que se encuentran en situación de falsa tradición.

“Con este decreto se estima que 2,5 millones de campesinos se van a poder beneficiar. Quiere decir que por fin van a poder tener el título sobre su propiedad. Y que ese título le dará el derecho a crédito, a tener una hipoteca, a darle a sus hijos una tierra formalizada, en regla”, indicó el Primer Mandatario.

Alcances del decreto

Quienes pueden acceder a los beneficios del decreto son pobladores rurales que tengan Predios que no superen la medida de la Unidad Agrícola Familiar y que los mismos estén en falsa tradición.

Las personas deben hacer una petición ante la oficina de registro de instrumentos públicos solicitando que se le revise el folio. Debe aportar el número de folio y todos los documentos que tenga como soporte, por ejemplo, escrituras públicas.

No podrán acceder predios cuya tradición provenga de desplazamiento forzado, testaferrato, engaño o estén con medidas cautelares en procesos de restitución de tierras o de extinción del dominio.

Los folios de matrícula inmobiliaria van a ser objeto de verificación por parte de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras para revisar la cadena de tradición para determinar si hay anotaciones antes del 5 de agosto de 1974 dándole al predio el tratamiento de buen privado.

Se expedirán los actos administrativos correspondientes que serán parte del folio.

Unas 3,4 millones de hectáreas han sido legalizadas durante el presente Gobierno, beneficiando a campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas.

De esa cifra, 1,5 millones se han legalizado desde la creación de la Agencia Nacional de Tierras en 2016.